Quienes tienen grabada, en la memoria, la imagen del Rey Felipe VI, hablando ante la Asamblea General de NNUU, sobre el derecho inalienable del pueblo saharaui a la libre determinación y la necesidad de un referéndum libre y transparente que garantice la expresión libre y auténtica de la población saharaui, tendrán que empezar a buscar algún ungüento facial para cuando la cuestión del Sáhara Occidental sea mentada en presencia de Su Majestad.
Quienes se llenan la boca hablando de la ‘Marca España’, a menudo, olvidan que esa ‘Marca’ también incluye el grado en que España cumple su palabra, el grado en que España asume con valentía las responsabilidades jurídicas, políticas y morales que le incumben de acuerdo con las obligaciones solemnemente contraídas en virtud del Derecho Internacional.
El hecho de que la opinión pública española se haya enterado del cambio de posición, gracias a una filtración del palacio real marroquí, revela las enormes taras de las que adolece dicha decisión. Una decisión adoptada al margen de la legalidad internacional y a espaldas de la opinión pública, que no cuenta con el apoyo de las fuerzas políticas del país y, ni siquiera, con la anuencia de las bases militantes de ese partido, sólo puede tener su anclaje en alguna pieza de caza obtenida durante los últimos barridos telefónicos que han asolado España de punta a punta, en el contexto de una ola de espionaje nunca vista.
En cuanto al fondo de la cuestión, España no puede apoyar las ambiciones territoriales de Marruecos, puesto que la entrega del Sáhara Occidental, en modo alguno, va a saciar la incontenible voracidad territorial de Marruecos. En este sentido y, aunque nadie lo denuncie en España, es preciso apuntar que, en el año 2011, cuando Marruecos aprueba su Constitución actualmente vigente, lo hace dotando de rango constitucional una idea que hace temblar las fronteras de todos los países de la región. En el artículo 42 de la Constitución marroquí radica el germen de toda la inestabilidad que azota la región. Ese artículo supone una auténtica amenaza para el Sáhara Occidental, Argelia, Mali, Mauritania y, por su puesto, España. El artículo en cuestión alude a las fronteras “AUTÉNTICAS” del reino de Marruecos. Y ese ‘auténticas’ es sinónimo de lo ampliables que pueden ser, según el momento, las fronteras de este país.
Otro aspecto donde se ha querido incidir para justificar, de alguna manera, la adopción de esta decisión es la cuestión del supuesto rol que juega Marruecos en el control de los flujos migratorios. Pero en este aspecto, España tiene un amplio historial del que aprender. No hay que ir muy lejos para encontrar el llamado Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en materia de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su vuelta concertada (BOE de 22/03/2013). Acuerdo que entró en vigor el 2 de octubre de 2012 pero que había sido adoptado, en Rabat, el 6 de marzo de 2007.
¿Y por qué, habiéndose adoptado el 6 de marzo de 2007, no entra en vigor hasta seis años más tarde? Muy sencillo. Aquel 6 de marzo de 2007, Zapatero, desde Rabat, anunciaba su apoyo la tesis marroquí de la autonomía para el Sáhara Occidental, creyendo que Marruecos iba a colaborar en el control de los MENAS. Pero una vez hecha la declaración de Zapatero, Marruecos, entierra el asunto hasta seis años más tarde, cuando ya gobernaba M. Rajoy. Por lo demás, el Padrón de Habitantes de las ciudades españoles es fiel testigo del grado de incumplimiento de dicho acuerdo por parte de Marruecos.
En cuanto a las implicaciones internacionales que tiene, para España, esta política del trueque está claro que los demás Estados pueden empezar a replantearse, tanto la suscripción como el cumplimiento de sus acuerdos con España. España se ha exhibido ante el mundo como un Estado que no promueve el “pacta sunt servanda”, sino como un Estado que cede al chantaje y a la presión, se ha exhibido como un Estado que premia el chantaje, sea mediante el lanzamiento de miles de personas, niños incluidos, al mar, sea mediante el incumplimiento de los acuerdos válidamente suscritos. La geografía, por su parte, ha colocado a España, no en el centro de Europa, sino en sus límites meridionales, lo cual la expone a una mayor necesidad de buscar pactos con los Estados norteafricanos y, también, con el África Occidental. Pactos, cuyo incumplimiento, España parece premiar.
Y, finalmente, teniendo en cuenta que Marruecos es el único país del mundo que tiene problemas por los cuatro costados, por el norte, el sur, el este y el oeste (delimitación de las aguas frente a Canarias), España, en lugar de ayudar a que este país entre en razón y respete, de una vez y por todas, las fronteras internacionalmente reconocidas, España va y adopta una decisión que tiene el efecto, justamente, contrario. Una decisión que lo único que hace es alimentar las ambiciones expansionistas de un Estado territorialmente goloso. Así las cosas, Ceuta y Melilla ya pueden ir poniendo sus barbas a remojar.
Por todo ello, ahora que un grupo parlamentario presenta, ante el Congreso de los Diputados de España, una iniciativa para que se reconozca el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, queremos apelar a la conciencia moral y política de los hombres y mujeres, sobre cuyas espaldas, descansa la representación del pueblo español para que devuelvan, a España, al lugar que le corresponde y reviertan aquella infame decisión adoptada a espaldas de los demás grupos parlamentarios y muy lejos de la sede de la soberanía popular.
Haddamin Moulud Said.
Jurista saharaui.
19.05.2022
mouludsaid[at]gmail.com
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